“Esta orden administrativa obstaculiza uno de los programas más exitosos de nuestro país, que apoya las tierras públicas y los espacios recreativos comunitarios. Añadirá trámites burocráticos innecesarios que retrasarán o incluso frustrarán por completo futuros proyectos. Esta orden, ajena a la realidad, limita los derechos de los propietarios privados y facilita la venta de tierras públicas al permitir que los estados utilicen fondos del LWCF para comprar terrenos federales. Solicitamos a nuestra delegación en el Congreso que se oponga a estos obstáculos y tome medidas para preservar el acceso a la naturaleza para nuestras familias.”
– Becky Edwards
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